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Constitucional

Siguiendo el tenor de lo consagrado en el Artº 243 de la Constitución Política, por regla general los fallos que dicte la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Por ello, “se ha inferido que tales providencias se encuentran resguardadas por la garantía del principio de seguridad jurídica, haciéndolas definitivas, intangibles e inmodificables”[1], lo que implica “como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico[2].

Significa lo anterior que, en la mayoría de los casos, “contra las decisiones dictadas por cualquiera de las Salas de esta Corporación no procede recurso alguno, siendo viable, que la nulidad pueda ser alegada antes de proferido el fallo, siempre y cuando se trate de irregularidades superlativas y ostensibles” [3] (Decreto 2067 de 1991, Art. 49).

Aún así, bajo la misma normativa, se ha considerado jurisprudencialmente que frente a la revisión de acciones de tutela, excepcionalmente, es posible proponer su nulidad cuando se origine en la sentencia misma, ya sea a petición de parte o de oficio[4][5], “irregularidades que puedan constituirse en violaciones graves del derecho fundamental al debido proceso, pues debe disponerse de un mecanismo que permita garantizar la supremacía de la Constitución y asegurar la vigencia de los derechos fundamentales" [6].

Es decir tan sólo se puede provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestren, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los Decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración[7]. Aunque, es menester aclarar que la nulidad alegada “tiene que ser significativa y trascendental', en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”[8] y “se requiere, además, la evaluación del caso concreto por la Sala Plena de la Corte y la decisión de ésta por mayoría de votos, según las normas pertinentes”[9].

Ahora bien, es necesario resaltar que esta alternativa es eminentemente excepcional. Por tanto, dicha solicitud no implica per se la existencia de un recurso contra los fallos, ni una posibilidad adicional para que se suscite un nuevo debate jurídico, pues “no significa, en manera alguna, que exista un recurso contra las sentencias que dictan las Salas de Revisión. No, lo que sucede es que, de conformidad con el artículo 49 del mencionado Decreto, la Sala Plena tiene el deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una de ellas”[10].

Ahora bien, el carácter extraordinario de la figura ha llevado a que la jurisprudencia constitucional establezca los presupuestos[11] para su procedencia, distinguiendo dos clases de requisitos: unos de carácter formal y otros de naturaleza sustancial.

Al respecto, la Corte Constitucional precisó lo siguiente: “La declaratoria de nulidad de una sentencia de revisión proferida por la Corte Constitucional es una medida excepcional a la cual sólo puede arribarse cuando en la decisión concurran situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar."[12] (Subrayado fuera de texto)”[13].

Requisitos FormalesEditar

  • Temporalidad: De acuerdo a esta condición, la solicitud de nulidad debe ser presentada dentro de los tres (3) días siguientes [14] a la notificación de la sentencia. Vencido tal término se entienden saneados los vicios que hubieran dado lugar a la declaratoria de nulidad [15], salvo que la proponga un tercero interesado que no hubiera sido parte del proceso de tutela.

“Si el vicio se funda en situaciones ocurridas con anterioridad a la adopción del fallo de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, la solicitud de nulidad deberá presentarse antes de que sea proferida la sentencia" [16], “de lo contrario, quienes hayan intervenido durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda legitimidad para invocarla" [17].

  • Legitimación en la causa por activa: “El incidente de nulidad debe ser presentado por quien haya sido parte en el trámite de tutela, o en su defecto, por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas por la Corte en sede de revisión, resultando viable interponer la solicitud en los términos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991" [18] [19]'.
  • Deber de argumentación: Quien pretenda la nulidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa seria y coherente, señalando de manera clara y expresa la causal de nulidad invocada, los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la decisión adoptada, no siendo de recibo razones que manifiesten simple disgusto o inconformismo por la decisión [20].

Así las cosas, conforme al carácter extraordinario de esta figura, sustentado sobre todo en la entidad de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional como órgano de cierre, se ha precisado que, “de una parte, las causales que lo sustentan así como los presupuestos de oportunidad y legitimación que lo rigen, deben interpretarse de manera restrictiva y, por otra, que el rigor y la carga argumentativa de quien alega la nulidad, debe alcanzar a mostrar y sustentar con claridad estricta en qué consiste la anomalía en la que se fundaría la pérdida de efectos de la sentencia" [21] [22].

Requisitos MaterialesEditar

  • 'Cambio de jurisprudencia': Atendiendo lo establecido en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos restrictivamente por la Sala Plena de la Corte, razón por la cual “cuando una Sala de Revisión varía la jurisprudencia, se desconoce el principio del juez natural y se vulnera el derecho a la igualdad." [23][24]
  • 'Desconocimiento de las mayorías establecidas legalmente': En los casos en los que la Corte dicta una sentencia sin que haya sido aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto 2067 de 1991, Reglamento Interno (Acuerdo 05 de 1992) y Ley 270 de 1996 [25].
  • 'Incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia': Lo cual genera incertidumbre respecto de la decisión adoptada, como es el caso de las decisiones anfibológicas o ininteligibles, por abierta contradicción o cuando carece en su totalidad de argumentación en su parte motiva" [26].

Adicionalmente, frente a este requisito la Corte ha establecido que “los criterios que se utilizan para la adecuación de la sentencia, respecto de la redacción o de la argumentación no constituyen vulneración al debido proceso. Tampoco el estilo de los fallos más o menos extensos en el desarrollo de la argumentación, tienen trascendencia para efectos de una presunta nulidad, pues en las acciones de tutela la confrontación es entre los hechos y la viabilidad de la prosperidad de la protección constitucional y nunca respecto al formalismo de la solicitud como si se tratara de una demanda civil" [27].

  • 'Órdenes dadas a particulares en la parte resolutiva de la sentencia que no fueron vinculados al proceso': Como garantía del derecho de defensa, en tanto no tuvieron la oportunidad de intervenir en el trámite tutelar [28].
  • 'Desconocimiento de la cosa juzgada constitucional': Que deriva en una extralimitación en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Corporación por la Constitución y la ley [29].
  • 'Elusión arbitraria de análisis de asuntos de relevancia constitucional': Siempre y cuando resulten transcendentales para el sentido de la decisión [30].

De lo anterior se puede inferir que, “salvo la causal de desconocimiento de la jurisprudencia como se explicará enseguida, las demás causales de procedencia de nulidades en contra de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional son de creación de la doctrina expresada por la propia Corte, que persigue hacer eficaz el debido proceso como derecho fundamental" [31].

Todo ello, como conclusión, ha llevado a que la Corte reitere en cuanto a la naturaleza de este trámite, que “consiste en un examen sobre la validez de las decisiones adoptadas por la Corporación, a partir de unos eventos excepcionales circunscritos, se insiste, a la afectación grave y trascendental del debido proceso. Como tal, se advierte, ha reiterado que este incidente no constituye una nueva instancia ni un recurso a partir del cual se debata en nueva oportunidad el fondo de la controversia" [32].

BibliografíaEditar

[1] A-325/09 MP. Jorge Iván Palacio Palacio

[2] C-774 de 2001MP. Rodrigo Escobar Gil

[3] A-325/09 MP. Jorge Iván Palacio Palacio

[4] La doctrina sobre la nulidad de oficio de las sentencias de revisión puede consultarse, entre otros, en los A-057/04 MP. Jaime Araujo Rentería, A-179/07 MP. Jaime Córdoba Triviño y A-133/08 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.

[5] 'En ese orden de ideas, la propia Corte debe proceder de oficio a declarar la nulidad de sus fallos, si al proferirlos han sido desconocidas, así sea levemente, las garantías constitucionales. Ello otorga certidumbre y confianza a la colectividad en el sentido de que el tribunal encargado por excelencia de preservar la base del ordenamiento jurídico se obliga a sí mismo de manera estricta y con todo rigor” – Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Auto del 17 de mayo de 2000 / Jurisprudencia reiterada por el A-062/00 MP. José Gregorio Hernández Galindo

[6] A-179/07 MP. Jaime Córdoba Triviño

[7] A-033/95 MP. José Gregorio Hernández

[8] Ibídem.

[9] A-027/96 MP. Antonio Barrera Carbonell – Jurisprudencia reiterada por el A-013/97 MP. José Gregorio Hernández Galindo y el A-057/04 MP. Jaime Araujo Rentería

[10] A-008/03 MP. José Arango Mejía - Jurisprudencia reiterada por el A-179/07

[11] La doctrina sobre la nulidad de las sentencias de revisión puede consultarse, entre otros, en los A-031/02 MP. Eduardo Montealegre Lynett, A-063/04 MP. Manuel José Cepeda Espinosa, A-131/04 MP. Rodrigo Escobar Gil, A-008/05 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra y A-042/05 MP. Humberto Sierra Porto.

[12] A-033/95 MP. José Gregorio Hernández

[13] A-031a de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett

[14]Sobre el particular, la Corte Constitucional se había pronunciado en forma somera en A-022A/98, MP. Vladimiro Naranjo Mesa.

[15] El saneamiento de las nulidades no alegadas oportunamente fue sustentado por la Corte al afirmar que “i) en primer lugar, atendiendo el principio de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho; (ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad de presentar acción de tutela contra las providencias de tutela. Y finalmente, (iii) porque es razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades de tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma”. Cfr. Corte Constitucional, Auto 031 A/02.

[16] A-325/09 MP. Jorge Iván Palacio Palacio

[17] A-325/09 MP. Jorge Iván Palacio Palacio [17] A-010A/02 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra – Jurisprudencia reiterada en el mismo sentido por el A-133/08 MP. Humberto Antonio Sierra Porto

[18] La disposición en cita señala: Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”

[19] A-325/09 MP. Jorge Iván Palacio Palacio

[20] La doctrina sobre el requisito de “Deber de Argumentación”, puede consultarse en los A-064/09 MP. Jaime Araujo Rentería, A-050/08 MP. Jaime Araujo Rentería, A-069/07 MP. Clara Inés Vargas Hernández, A-082/06 MP. Rodrigo Escobar Gil, A-300/06 MP. Manuel José Cepeda.

[21] Esta exigencia fue abordada en el A-135/05 MP. Álvaro Tafur Galvis (citado) de la siguiente manera: “En esta línea, esta Corte tiene definido que toda solicitud de nulidad deberá responder a condiciones estrictas de oportunidad(...), legitimación(...), interés y efectos(...)', no solo porque el cumplimiento irrestricto de las decisiones judiciales en firme compromete la seguridad jurídica, sino a causa del carácter definitivo y los efectos de los pronunciamientos de esta Corte, en materia de guarda y control de constitucionalidad y protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, que hacen de la inmutabilidad de sus fallos un norte y de la nulidad de los mismos una solución extrema – artículos 241 y 86 C.P. 49 Decreto 2067 de 1991”.

Así mismo en el A-237A/02 la Corte adviritó: “4.- Con estos elementos de juicio corresponde ahora adelantar el análisis de la sentencia T-357 de 2002, señalando previamente que la Corte limitará su estudio a los planteamientos formulados que tengan relación directa con la vulneración al debido proceso, pues como fue explicado, esta no es una nueva etapa o instancia judicial para reabrir una discusión ya concluida, sino una garantía frente a la posible violación al debido proceso. Así mismo, la Corte tendrá presente que quien alega la nulidad no puede simplemente exponer sus discrepancias frente a la sentencia, sino que está en la obligación de presentar una carga argumentativa lo suficientemente sólida para demostrar la procedencia de la nulidad' (Cfr. Auto 022 de 1998 y Auto del 1º de Agosto de 2001. En esta última oportunidad la Corte rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia T-511 de 2001, ante la ausencia de razones para acceder a la petición).

[22] A-325/09 Jorge Iván Palacio Palacio

[23] A-105/08 MP. Humberto Sierra Porto

[24] Al respecto la Corte señaló en el A-031A/02 MP. Eduardo Montealegre Lynett que “[e]l artículo 34 del decreto 2591 de 1991 establece que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena; en consecuencia, si una de las salas de revisión se apropia de esa función, se extralimita en el ejercicio de sus competencias con una grave violación al debido proceso. Sin embargo, no toda discrepancia implica cambio de jurisprudencia, puesto que ella debe guardar relación directa con la ratio decidendi de la sentencia de la cual se predica la modificación; en caso contrario, ‘[L]as situaciones fácticas y jurídicas analizadas en una sentencia de una Sala de Revisión y que sirven de fundamento para proferir un fallo son intangibles, porque son connaturales a la libertad, autonomía e independencia que posee el juez para evaluarlas y juzgarlas’.” (A-30/02 MP. Eduardo Montealegre Lynett).

[25] La doctrina sobre “Desconocimiento de las mayorías” puede consultarse en los A-139/04 MP. Humberto Sierra Porto, A-096/04 MP. Rodrigo Uprinmy Yepes y A-063 de 2004 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.

[26] A-162/03 MP. Rodrigo Escobar Gil. Adicionalmente, la Corte Constitucional en A-015/07, declaró de oficio la nulidad de la sentencia T-974 de 2006, invocando esta causal.

[27] A-217 de 2007 MP. Jaime Córdoba Triviño.

[28] A-022 de 1999 MP. Alejandro Martínez Caballero.

[29] A-031/02 MP. Eduardo Montealegre Lynett y A-082/00 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz

[30] A-031 de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett

[31] A-133/08 MP. Humberto Sierra Porto

[32] A-325/09 Jorge Iván Palacio Palacio

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